Ex funcionarios de la municipalidad de Mi Perú fueron sentenciados por colusión

Favorecieron a una empresa con proyecto valorizado en 38 mil soles.

Ventanilla, febrero de 2024.-

Cuatro ex funcionarios de la municipalidad distrital de Mi Perú, fueron condenados a 6 años de pena privativa de la libertad, al comprobarse por parte del Primer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de Lima Noroeste, su autoría del delito de colusión agravada.

La sentencia de cárcel efectiva recayó contra la ex gerenta de administración y finanzas Lem Margot Ramírez Rojas, el ex gerente de abastecimiento Timoteo Meza Mendoza, ex gerente de seguridad ciudadana Roberto Carlos Floch Montoya y el ex jefe de cámaras de observatorio Diosdado Javier Franco Fernández.

Así mismo, el fallo ordena que Víctor Octavio Orihuela Gallardo, gerente de la empresa ganadora, sea condenado a 4 años de pena privativa de la libertad suspendida por el mismo delito, en su calidad de extraneus.

Según la acusación presentada por la fiscal adjunta provincial Alberth Martín Fernández Salazar, se imputa a los procesados haberse apropiado del tesoro público, simulando la ejecución de los servicios denominados “reparación de 15 cámaras de video vigilancia” y “servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 35 cámaras de video vigilancia”, ambos procesos bajo el mismo sustento técnico por el monto final de 38 mil soles.

El fiscal expuso que, en diciembre de 2018, el gerente de seguridad y el jefe de cámaras, hicieron un requerimiento señalando que las cámaras de video vigilancia presentaban desperfectos, suciedad y en algunos casos estaban inoperativos. La solicitud fue dirigida a la gerenta de administración de la comuna.

Luego del trámite burocrático el gerente de abastecimiento realizó el estudio de mercado y generó órdenes de servicio a favor de la empresa de Orihuela Gallardo, debiendo ejecutar el trabajo entre el 22 al 26 de diciembre de 2018. Servicios que nunca fueron consumados.

El 27 de diciembre del mismo año, el gerente de seguridad ciudadana emitió la conformidad del servicio, documento que precisaba que los servicios que realizaron conforme a lo establecido en el término de referencia, especificando los lugares donde se encontraba instalado cada cámara.

Con la emisión de dicho documento, la gerencia de administración y la gerencia de abastecimiento, materializaron los pagos, por aparentemente haber cumplido con la prestación de los servicios, situación que generó un perjuicio económico al Estado.