Fiscalía Antidrogas de Lima
Noroeste logró condenas de hasta 32 años para policías y un civil por narcotráfico y corrupción
Ventanilla, enero 2026
La Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico
Ilícito de Drogas (FETID) de Lima Noroeste, logró se imponga severas penas de cárcel contra
una red criminal integrada por nueve efectivos policiales y un civil, quienes
fueron sentenciados por los delitos de tráfico ilícito de drogas, falsedad ideológica,
cohecho, entre otros.
La fiscal provincial Elvira Rosa Aldana Tello,
advirtió que este fallo se considera histórico en la lucha frontal contra la
criminalidad y la corrupción interna, tras un riguroso proceso de investigación y juicio
oral, el Ministerio Público presentó pruebas contundentes que acreditaron cómo
los sentenciados utilizaron sus funciones para favorecer el tráfico de drogas,
ocultar pruebas y recibir beneficios económicos ilícitos.
La sentencia detalla una estructura de impunidad
que combinaba el tráfico ilícito de drogas agravado con delitos contra
la administración pública:
- Pena
Máxima de 32 años: Impuesta a Jacobo Cancino. V. y Brian S.
Arias F. por la sumatoria de delitos de Tráfico Ilícito de Drogas,
Encubrimiento Personal, Falsedad Ideológica y Cohecho Activo.
- Penas
de 24 y 16 años:
Aplicadas a cuatro efectivos, Julio C. Rodríguez R., Julio C. Ruiz R., Jhordan Díaz Z., y Marco A. Guerrero
Ch., por su participación directa en el favorecimiento al narcotráfico y
el encubrimiento de los responsables.
- Sanción
por Corrupción: Los
acusados Oscar Medina Q. y Roy D. Marcelo Ñ. recibieron 6 años
de prisión por el delito de Cohecho Pasivo Propio, al acreditarse
la recepción de dádivas.
Las condenas logradas es el resultado
de un trabajo técnico que incluyó el análisis de actas policiales adulteradas,
testimonios clave y pericias que demostraron el quiebre de la cadena de
custodia y la falsificación de documentos oficiales.
La fiscal provincial Elvira Aldana Tello destacó
que esta sentencia no solo castiga a los culpables, sino que sirve como un
precedente para depurar las instituciones encargadas de la seguridad pública
y garantizar que los recursos del Estado se utilicen estrictamente para la
protección del ciudadano y no para el beneficio de las mafias del narcotráfico
y de la corrupción.
